“La Presidenta (de la Corte Suprema de la provincia, Claudia Sbdar) en reiteradas oportunidades ha manifestado vocación al dialogo, pero solo fueron palabras vacías y estériles que no condicen con su comportamiento omisivo que se ve reflejado en la falta de respuestas”. El cuestionamiento es formulado por el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, quien acaba de reclamar formalmente que la titular del alto tribunal conteste más de una decena de pedidos de información que le ha remitido desde hace cuatro meses.
Navarro planteó por escrito esta situación nada menos que en una presentación ante el fiscal de Cámara Alejandro Noguera, en su calidad de ministro Público Fiscal subrogante (el titular, Edmundo Jiménez, se encuentra de licencia por ser personal de riesgo de la pandemia de covid-19).
El jefe de los defensores oficiales le pide a Noguera que arbitre los medios para “hacer efectiva la aplicación de las disposiciones del artículo 94, inciso 4, de la Ley Orgánica de Tribunales, en el ámbito de la Presidencia de la Corte; procediendo a inspeccionar los tramites dados a las numerosas presentaciones realizadas (...), sin que la Presidenta remita respuestas a las solicitudes, y que en algunos casos podría llegar a encuadrar en figuras penales, tales como malversación de fondos públicos o peculado”.
La Ley 6.238 establece que le corresponde al ministro fiscal “vigilar la recta y pronta administración de justicia, denunciando los abusos y malas prácticas que notare en los tribunales o sus funcionarios. A ese fin deberá inspeccionar las veces que estime necesario, pero por lo menos una vez al año”.
“Recurro a formular la intervención del ministro fiscal en virtud de la falta de respuestas a solicitudes que realicé en distintas oportunidades, por diferentes temas que hacen al funcionamiento adecuado de los órganos judiciales. En el caso concreto, desde la defensa a situaciones que afectan a las personas más vulnerables y a las limitaciones de medios con que cuenta el Ministerio Pupilar y de la Defensa. En especial (medios) que debieron ser provistos por la Corte, que a pesar de las numerosas solicitudes y reuniones guarda un silencio inexplicable”, describió.
El detalle
Como fundamento de su pedido de inspección, el ministro de la Defensa transcribe extractos de las presentaciones que realizó ante la Presidencia de la Corte y le adjunta a Noguera copias de esas notas, de las reiteraciones de cada una y de los posteriores pedidos de “pronto despacho”, “sin la Presidenta se digne hasta por una cuestión de decoro y buenos modales a responder”.
• Nota del 2 de julio de este año, sobre la gratuidad de los trámites para los usuarios de la defensa pública.
• Nota del 3 de agosto, para poner en conocimiento de la Corte un comunicado del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, referido a la “Autonomía de la Defensa Pública y Audiencias Orales Virtuales”. Según Navarro, no se expidieron “sobre el particular aplicable al caso concreto que fuera motivo de dicho pronunciamiento”.
• Nota del 1 de septiembre, con un pedido para que, en un plazo de 30 días, se informen los montos dinerarios utilizados para equipamientos informáticos; y los montos de inversiones dinerarias para mobiliario. Solicita también una copia del pliego de las licitaciones de equipos informáticos de los últimos 10 años, así como también de los los expedientes de adquisición vehículos. La finalidad, dice Navarro, “es transparanten la correcta utilización de las partidas en forma proporcional a cada sector”.
• Segunda nota del 1 de septiembre, en la cual se solicita que se informe “a la brevedad posible” todo lo referido a la operación de adquisición de un terreno en Banda del Rio Salí destinada a la construcción del Centro Judicial del Este. “Hasta el presente no se me ha entregado ninguna documentación, pese a las promesas. Dicha omisión afecta la transparencica hoy publicitada por la Presidenta” de la Corte, afirma el ministro de la Defensa.
• Nota del 11 de septiembre, en la cual se solicita dejar sin efecto la Acordada 834/2020. Esa decisión de la Corte restablece entre el 14 y el 20 de ese mes la atención presencial a profesionales que soliciten turnos a través del SAE, el portal digital del Poder Judicial. Navarro plantea su “profunda preocupación” y manifiesta que el “órgano emisor”, debió integrarse “con la totalidad de sus integrantes”.
• Nota del 13 de septiembre. Insiste con suspender la mencionada Acordada 834/2020, con carácter de “urgente” y advierte que “fue dictada en violación a las disposiciones de la Ley Orgánica de Tribunales”.
• Nota del 15 de septiembre. Como vocal de la Junta Electoral Provincial. el ministro de la Defensa pide informe sobre los excedentes financieros (sobrantes presupuestarios) de ese organismo, “que se encuentran en la cuenta de la Corte Suprema”.
• Segunda nota del 15 de septiembre, en la cual se pide que se informe cuando concluirán las obras en los baños del edificio “Tribunales Anexo II”. (Se informa por separado)
• Tercera nota del 15 de septiembre. Solicita que se informe qué trámite se dio a la presentación del Ministerio Pupilar y la Defensa “referido a la situación generada en la Oficina de Violencia Domestica (OVD)” por la resolución del propio Navarro que estableció de cómo intervendrá la Defensa Pública en ese ámbito.
• Nota del 16 de septiembre. Pide que por escrito se informe qué trámite se ha dado a pedidos formulados por el Ministerio y la Secretaría de Desarrollo Social.
“El inexplicable silencio también significa una falta de transparencia y un oscurantismo sorprendente de esa Corte para con el suscripto por la indiferencia puesta de manifiesto a pesar de ser cuestiones de significativa importancia”, concluye Navarro.
Queja en materia edilicia
Faltan terminar ocho baños en un anexo
Además de las recriminaciones del ministro Pupilar y la Defensa, Washington Navarro, por la falta de respuestas de la Presidencia de la Corte Suprema a sus presentaciones, él formula un reproche aparte en materia edilicia. Puntualiza que le solicitó a la titular del alto tribunal, Claudia Sbdar, “explicaciones por la falta de terminación de los baños de los pisos 1, 2, 3 y 4 (del edificio de 9 de Julio 451). A razón de dos baños por piso, significa (que hay) ocho baños sin terminar”. En su pedido de intervención presentado ante el Ministerio Público Fiscal, Navarro plantea que esas obras “fueron licitadas”, pero “se recibió el edificio sin especificar las razones de la falta de terminación. Sólo están los caños de PVC en los pisos: faltan todos los artefactos, griferías, mesadas, bachas y mármoles”. Agrega que la Presidencia de la Corte “nunca brindó una respuesta. Por ello pide al ministro fiscal subrogante, Alejandro Noguera que acuda al lugar “a los fines que realicen un relevamiento fotográfico”. Y solicita, además, que “se remitan las actuaciones al fiscal que corresponda (para) investigar presunto delito”.